Elaboración, tramitación, aprobación, modificación, derogación o rechazo de acuerdo, declaraciones o decisiones del Congreso Nacional o sus miembros incluídas comisiones.

Opinión de la Asociación Nacional Democrática de Funcionarios/as de la Defensoría Penal Pública. Plantean la autonomía de la DPP dada la naturaleza de su misión y que ésta sea con rango constitucional. La igualdad con el Ministerio Público es una garantía para las personas. Además la DPP tiene una labor sensible pues defiende personas acusadas de los más diversos delitos incluídos aquellos que con perseguidos por el Estado, es decir, en muchos casos litiga contra el Estado siendo un servicio público de la Administración del Estado. Por ello también se requiere su autonomía de nivel constitucional. Otro tema planteado fue el modelo de defensa pues estiman necesario pasar de un modelo preferentemente licitado (80%) a uno que sea público.